El presidente de la Federación Gremial de Comercio e Industria, Ariel Dolce, se sumó al reclamo de la adhesión de Santa Fe a la ley nacional de riesgos del trabajo, que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y espera tratamiento en Diputados antes del 10 de diciembre, cuando se producirá el recambio en el recinto.

El presidente de la Federación Gremial de Comercio e Industria, Ariel Dolce, se sumó al reclamo de la adhesión de Santa Fe a la ley nacional de riesgos del trabajo, que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y espera tratamiento en Diputados antes del 10 de diciembre, cuando se producirá el recambio en el recinto.

"Cuanto antes mejor, porque día a día esto genera pérdidas a la provincia, suba de precios a los consumidores y la angustia de muchas pymes, que pasan por un mal momento", advirtió Dolce.

"Estamos en un contexto muy delicado para la industria, para todas las empresas en general; y hay cosas que desde la provincia no podemos hacer, como trabajar sobre la macroeconomía; pero sobre este tema sí podemos trabajar y darle algún respiro a las pymes", consideró el empresario, manifestando su deseo de que, así como otras provincias ya adhirieron, Santa Fe pueda hacer lo propio.

Para Dolce, la dicotomía del empleado versus el empleador en cuanto a cuidar la integridad física de las personas se dejó de discutir hace muchísimo. "De hecho, el índice de accidentes laborales bajó, sigue bajando y se sigue trabajando. Con independencia de la cuestión jurídica, hay una cuestión funcional", dijo.

"Los empresarios y los empleados queremos estar bien y trabajar, para que a nuestras empresas les vaya bien; no hay una ganancia del empleador en el momento que se lastima un empleado, hay una pérdida, ausencias, problemas de producción, de continuidad", explicó el dirigente de la Federación Gremial.

"Cualquier eslabón que tiene un deterioro en la cadena productiva, se ve luego en la facturación", apuntó. Y en ese sentido, destacó que "hay una dimensión humana que ha cambiado con el tiempo".

"Obviamente que hay excepciones en todos lados, pero no se puede tomar esa excepción como algo para que afecte a todo el ecosistema. De hecho, esta ley no avanza sobre ningún derecho del empleado, introduce una situación intermedia, administrativa, previa al juicio, para que empleador y empleado puedan ponerse de acuerdo en cuál es el monto de la indemnización, sin que intervenga un abogado", expuso Dolce.

Por último, sostuvo que "acá hay un ecosistema productivo de todas las personas que estamos vinculadas al trabajo día a día y a la generación de valor, versus la industria del juicio".

Fuente: La Capital