Recibimos al Licenciado Mario Teruya, Gerente Comercial de La Segunda y al Dr. Pablo Elin, abogado especialista en ART.

Las cosas están yendo bien en las provincias que han adherido a la ley, así lo demuestras los números. Eso genera una baja en la litigiosidad y en los costos: las alícuotas no son las mismas en esas provincias que en Santa Fe.

La reducción de la judicialidad en el sistema de riesgo de trabajo: hay una fuerte tendencia fundamentalmente en aquellas provincias que se han adherido. El sistema está en una situación expectante, buscando el equilibrio necesario. Durante muchos años se vieron muchos indicadores positivos, como el aumento de las acciones de prevención,  la reducción de la siniestralidad y el crecimiento en materia de cobertura, pero que no se correspondían con la alta litigiosidad, que afecta y perjudica al sistema.

El Dr. Elin habló de algunos “puntos neurálgicos” necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Entre ellos se encuentra el tema de la creación de las comisiones médicas.

En Santa Fe hay solo una comisión médica funcionando, cuando debería haber una en cada circunscripción: Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto Reconquista y Rafaela. Para el abogado, el Estado Nacional y la superintendencia de riegos de trabajo ya deberían haber tomado cartas en el asunto para crear esas comisiones faltantes.

Como lo resolvieron Córdoba y Mendoza:

Ambas provincias tenían comisiones solo en las ciudades capitales. En la ley de adhesión, donde se pueden realizar modificaciones, las provincias supeditaron la puesta en marcha y la operatividad de la norma a que el estado nacional cree comisiones medicas en c/circunscripción.

Mendoza, por ejemplo, tenía una en la ciudad de Mendoza que comenzó a funcionar apenas se realizó la adhesión a la ley. Pero en San Rafael, donde no había, se tuvo que esperar un determinado tiempo hasta que se creara la comisión para que empiece a ser operativa.  

En la ley de adhesión no le dejan esa labor solo al estado nacional: se requiere la colaboración del estado provincial en cuanto a infraestructura, ya que la provincia debe ser la primera interesada en que se creen estas comisiones. Es necesario que haya convenios de colaboración entre Nación y provincia.

Labor de las comisiones

Son organismos especializados cuyo objetivo es determinar y validar el porcentaje de incapacidad del trabajador. Este puede llegar a esta instancia ante dos vías: a través de la ART que le otorga el alta y presenta el trámite para determinar el porcentaje de incapacidad o a través de un acuerdo realizado entre la ART y el trabajador (éste siempre patrocinado por un abogado) donde se valida esa incapacidad, que fue previamente acordada. Las indemnizaciones están determinadas según el salario actualizado del trabajador.

Los procedimientos con los que cuentan las comisiones son: instancias de prueba, de estudios médicos, de alegación, y el trabajo de una secretaria técnica (que se encarga de  la parte meramente jurídica en relación a la causalidad) y una secretaría de homologación (que se encarga de controlar y darle fin al procedimiento)

Cosas interesantes que trae la ley

Las comisiones médicas deben expedirse dentro de un plazo perentorio de 90 días. Una vez terminado el plazo al trabajador le queda habilitada la vía judicial.

En este sentido, Elin explica que la ley no es del todo clara. En la instancia de judicialización, se habla de recurso directo, lo que da a entender que se puede acudir a la justicia por la vía de la impugnación y no a través de un procedimiento ordinario.

Mendoza y Córdoba lo arreglan: el procedimiento posterior es un procedimiento ordinario de conocimiento donde se van a poder producir pruebas en caso que no haya acuerdo.

Si no hay acuerdo:

Dos opciones para el empleado. Una vez informada la indemnización

1.  Aceptarlo. Entonces se realiza el procedimiento de homologación
2. Impugnarlo: ante la comisión médica central o puede elegir realizar una demanda ordinaria

Las leyes establecen que una vez que se expide la comisión médica, el trabajador tiene 45 días para iniciar el juicio, sino caduca el derecho.

La importancia de las comisiones médicas radica en que, si resultan eficientes y logran en ese plazo determinar objetivamente el porcentaje de incapacidad del trabajador, no debería haber motivo racional o lógico para que el trabajador no esté conforme y litigue. Siempre considerando que no haya intereses subyacentes.

Reducción de judicialidad

Según datos estadísticos oficiales hubo una reducción de juicios del 30% a nivel país comparando los primeros tres meses del 2017 con los primeros tres meses de 2018. En las provincias que adhirieron, el porcentaje es mayor: en Córdoba y Mendoza la reducción entiba entre un  50 y 70%.

Teruya, considera que, además de la reducción de los juicios, es importante destacar la aceleración del procedimiento. La justicia ordinaria tarda años mientras que con la nueva ley el proceso se resuelve en un máximo de 90 días y las indemnizaciones son justas. Además, expresó que el sistema de riesgos de trabajo funciona bien en términos prestacionales. Se acompaña al trabajador, no solo se brinda una indemnización. La ley es buena. La cámara que nuclea las ART, la UART,  hace constantemente encuestas de satisfacción y los trabajadores están conformes.

El licenciado retomó el informe de la UART y comentó que hay 340mil juicios vigentes en el país

De estos, el 40% corresponde a la ciudad autónoma de buenos aires, le sigue Provincia de bs as, luego está Santa fe con un 12% y finalmente Cordoba y mendoza.

Argumentos de la clase política para no adherir

La cúpula política se manifiesta en contra de la adhesión a la ley por motivos como:

* Que no hay comisiones médicas suficientes en la provincia

* Que la ley cercena el derecho del trabajador al acceso a la justicia (lo cual no es así)

*Que las comisiones no son imparciales porque están financiadas por las ART (la corte ya desmintió este punto)

Desde el Colegio de Abogados hay una fuerte crítica en relación a los honorarios. Sin embargo, aún no se han manifestado públicamente sobre su postura.

En cuanto a la situación en el Congreso, la mayoría de los legisladores se muestra en contra de la adhesión: el Pro y parte del Radicalismo se han manifestado a favor, pero el Socialismo, el Peronismo y la Izquierda están en contra. No habría quórum.

Punto de vista comercial

Teruya habló sobre el impacto de la ley en lo comercial. Comentó que para establecer la alícuota se observan los riesgos, la siniestralidad y la judicialidad. En las provincias adheridas a la ley han disminuido el componente de la siniestralidad apuntando a la prevención y políticas activas.  Pero se pudo emprender ese riesgo porque la judicialidad acompañaba.

Comentó que hay mucha competencia en el mercado y esto hace que el mismo comience a estar en baja.

Desde ADIRA, cámara que nuclea a las aseguradoras, se han abordado todos los sectores: diputados, senadores, la prensa. Teruya considera que hay que atacar a todo el espectro, y que la opinión pública es muy importante.